La reforma constitucional de 2006 pasará a la historia como la que más veces “tropezó” en la Justicia. En Tucumán y en el país no hay otro caso igual. Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema de Justicia la provincia, opinó que había que revisar la Constitución local, incluso por una cuestión de técnica legislativa porque, por efecto de las distintas nulidades dictadas en la última década, no se sabía a simple vista qué artículos estaban vigentes y cuáles no. “La reforma no es sólo un anhelo: creo que es necesaria, aunque no sé si es el momento político o si hay consenso suficiente”, matizó en una conversación en su despacho. En la misma línea, el vocal recordó que hacía falta modificar la normativa para no volver a votar como en 2015.

Posse reflexionó que la Constitución de Tucumán podía y debía ser mejorada, sobre todo respecto de las cláusulas que no pasaron el filtro judicial. Cuatro juicios dieron de baja distintos institutos: “Colegio de Abogados”, “Batcon”, “Movimiento Popular Tres Banderas” e “Iriarte” (la sentencia de este último aún no quedó firme). “Pese a los fallos en contra (de la Convención Constituyente de 2006), hay distintos cambios que son rescatables y positivos, como el reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias (artículo 149)”, analizó el vocal, que no intervino en ninguno de los pleitos contra la Carta Magna pergeñada por una mayoría abrumadora de convencionales afines al entonces gobernador José Alperovich.

Posse dijo que una futura remodelación de la Carta Magna debería reconsiderar la organización de la Justicia. “Tendría que consagrar la separación e independencia de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa”, sugirió. Se trata del modelo institucional vigente en el orden nacional desde la reforma de 1994. En 2006, los convencionales tucumanos mantuvieron el esquema que coloca a los ministerios públicos en la órbita de un Poder Judicial a cargo de la Corte. Ese diseño dio lugar a conflictos y polémicas a comienzos de este año, cuando el oficialismo impulsó la separación del Ministerio Público a cargo de Edmundo Jiménez en un órgano para la acusación y otro para la defensa, y la emancipación de las instituciones resultantes de los controles que ejercía la Corte. Esta decisión fue judicializada por la oposición: el caso está en manos del propio alto tribunal.

“También se podría incorporar la enmienda de la Constitución por la vía legislativa, con una mayoría especial”, agregó Posse. Los reformadores de 2006 habían añadido esa posibilidad a la Carta Magna pero el artículo en cuestión sucumbió en el litigio que propició el Colegio de Abogados de la Capital.

Un fallo, una demanda

En cuanto a la reforma política, el ex secretario de Derechos Humanos de Alperovich recordó que la demanda de cambios electorales había quedado plasmada en la sentencia de la Corte que validó los comicios accidentados de 2015. Firmaron el fallo “Acuerdo para el Bicentenario” el propio Posse, René Goane, Carlos Ibáñez, Raúl Bejas y Benjamín Moisá. Al asumir, el gobernador Juan Manzur prometió una reforma política e incluso convocó a presentar ideas. El tema está en manos de la Legislatura, que formó una comisión que permanece paralizada. En suma, todo sigue como en 2015.

“No me gustaban los sublemas y veo que los acoples van por la misma senda”, resumió. Posse dijo que este mecanismo -en vigor desde la reforma constitucional de 2006- incentivaba la creación de partidos políticos de ocasión. El juez bregó por la instalación de una instancia de primarias no obligatorias, donde la voluntad de los afiliados impacte en la definición de las candidaturas. “Necesitamos instituciones políticas serias y saludables, no un sinnúmero de organismos débiles que no tienen vida fuera de las elecciones. Hay que racionalizar el sistema para tener un cuarto oscuro razonable”, propuso.